Revisado el 11 de octubre de 2026
Por Javier Sanz, abogado, ICALI 8620
Recibir una llamada policial, una citación o una detención por una denuncia de violencia de género genera incertidumbre y obliga a tomar decisiones rápidas. Las primeras 72 horas no siguen un guion idéntico en todos los casos: puede haber citación sin detención, puesta en libertad desde comisaría o traslado al órgano judicial. Tampoco existe una condena automática por el hecho de haber sido denunciado.
En España, «violencia de género» es una categoría jurídica específica para determinados actos de violencia de un hombre contra una mujer que sea o haya sido su esposa o pareja. Otras relaciones familiares pueden investigarse como violencia doméstica. Saber cuál es la relación, qué hechos se atribuyen y qué procedimiento se ha abierto es esencial para organizar la defensa.
Qué significa realmente el plazo de 72 horas
El artículo 17 de la Constitución Española y el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establecen que la detención preventiva solo puede durar el tiempo estrictamente necesario. En todo caso, antes de un máximo de 72 horas la persona detenida debe quedar en libertad o ser puesta a disposición judicial. No significa que la policía pueda mantenerla detenida tres días sin necesidad, ni que deba agotarse siempre el máximo.
Existe otro plazo distinto: si se solicita una orden de protección, la audiencia correspondiente debe celebrarse en un máximo de 72 horas desde la solicitud. Ambos relojes pueden coincidir, pero tienen un punto de inicio y una finalidad diferentes.
Primer paso: arresto, citación o contacto policial
Una denuncia no provoca necesariamente la detención. La policía valora las circunstancias, el riesgo, la necesidad de practicar diligencias y la posibilidad de asegurar la comparecencia. A veces llama para que la persona acuda como investigada no detenida; otras veces procede a detenerla. Conviene confirmar en qué condición se requiere la presencia y no dar una explicación informal de los hechos antes de recibir asesoramiento.
La persona detenida debe ser informada de forma comprensible de los hechos atribuidos y de las razones de la privación de libertad. También tiene derecho a guardar silencio, a no contestar algunas preguntas, a no declarar contra sí misma, a no confesarse culpable, a asistencia letrada, a comunicar la detención a una persona, a intérprete cuando sea necesario y a reconocimiento médico, entre otros derechos previstos por la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Cuándo interviene el abogado
El detenido puede designar libremente abogado o pedir uno de oficio. El profesional designado debe acudir con la máxima rapidez y, en todo caso, dentro de las tres horas siguientes a la recepción del encargo, no dentro de las tres horas siguientes al arresto. Antes de la declaración existe el derecho a entrevistarse reservadamente con el abogado.
Esa conversación permite decidir si conviene declarar en comisaría, contestar solo determinadas preguntas o reservar la declaración para el órgano judicial. No hay una respuesta universal. Depende del conocimiento disponible del atestado, de las diligencias practicadas y de la versión completa del investigado. Ejercer el derecho a guardar silencio no equivale a reconocer los hechos.
Qué puede hacer el denunciado sin perjudicar la defensa
- Dar al abogado un relato completo y cronológico, incluidos los datos que parezcan desfavorables.
- Conservar mensajes, correos, llamadas, fotografías y documentos en su formato original, sin borrar, editar ni fabricar contenido.
- Identificar posibles testigos y fuentes objetivas —ubicación, pagos, cámaras o partes médicos— para que la defensa valore su obtención lícita.
- No firmar un consentimiento ni renunciar a un derecho sin comprender el documento y comentar sus efectos con el abogado.
- Cumplir cualquier instrucción policial o judicial y facilitar un domicilio fiable para notificaciones.
Debe evitarse contactar con la denunciante para «aclarar» lo ocurrido, pedir que retire la denuncia o acordar versiones. Tampoco conviene publicar el caso en redes sociales. Si ya existe una prohibición de aproximación o comunicación, cualquier contacto puede generar una nueva investigación por quebrantamiento conforme al Código Penal. Las restricciones deben cumplirse exactamente mientras estén vigentes.
La puesta a disposición judicial
Si no queda en libertad antes, la persona detenida pasa a disposición del órgano judicial competente. En Valencia, la intervención puede corresponder al servicio de guardia y a la sección especializada en violencia sobre la mujer, según el momento y la competencia. Allí puede prestar declaración asistida por su abogado. El Ministerio Fiscal y, si está personada, la acusación pueden solicitar diligencias o medidas cautelares, y la defensa puede formular alegaciones y proponer lo que resulte procedente.
El órgano judicial puede acordar libertad sin medidas, libertad con obligaciones, prohibiciones de aproximación o comunicación y, cuando concurren sus estrictos requisitos legales, prisión provisional. Esta última no es una consecuencia automática de una denuncia. Las medidas cautelares deben decidirse mediante resolución motivada y atender, entre otros factores, a los indicios, el riesgo, la necesidad y la proporcionalidad.
Cuando se pide una orden de protección, la audiencia escucha por separado a las partes y el auto concreta qué está prohibido y durante cuánto tiempo. Si hay hijos o vivienda en común, también pueden acordarse medidas civiles urgentes. El área de Derecho de familia explica estas cuestiones conectadas.
Juicio rápido y conformidad: decisiones que no deben improvisarse
Algunos asuntos se tramitan como diligencias urgentes del llamado juicio rápido cuando se cumplen los requisitos de los artículos 795 y siguientes. El órgano de guardia practica las diligencias posibles y decide si el asunto continúa por esa vía, si requiere más investigación o si procede el sobreseimiento. El Consejo General del Poder Judicial ofrece información institucional sobre este procedimiento.
En ciertos juicios rápidos puede plantearse una sentencia de conformidad con reducción de un tercio de la pena solicitada, pero solo si concurren las condiciones del artículo 801. No es un descuento aplicable a cualquier acuerdo. Antes de aceptar, la persona debe comprender los hechos reconocidos, todas las penas y prohibiciones, los antecedentes, la responsabilidad civil y sus posibles efectos laborales, familiares o de extranjería. La urgencia nunca sustituye una decisión informada.
Qué puede ocurrir al terminar esas primeras horas
El asunto puede archivarse si legalmente procede, continuar como juicio rápido, transformarse en diligencias previas para ampliar la investigación o quedar pendiente de acusación y juicio. La libertad provisional no significa que el caso haya finalizado; del mismo modo, una investigación abierta no elimina la presunción de inocencia ni anticipa una condena.
Un archivo o una absolución tampoco demuestran por sí solos que la denuncia fuera falsa. Esa afirmación exige sus propios elementos y no debe utilizarse como atajo defensivo. Una estrategia rigurosa se apoya en los hechos verificables, la prueba lícita y el respeto a las resoluciones.
Defensa urgente en Valencia
Si ha recibido una citación o se ha producido una detención, la prioridad es conocer los hechos atribuidos, preservar las pruebas y preparar la declaración sin contactos que puedan agravar la situación. Puede consultar el servicio de defensa ante denuncias de violencia de género o contactar con el despacho.
Esta información es general y no sustituye el asesoramiento jurídico sobre un caso concreto.