Abogado para mujeres víctimas de violencia de género en Valencia

La detención solo puede durar el tiempo estrictamente necesario para realizar las diligencias urgentes y, en todo caso, como máximo 72 horas. Antes de que venza ese plazo, la persona detenida debe ser puesta en libertad o a disposición judicial.

Si le detienen, puede elegir libremente abogado o solicitar uno de oficio. Ninguna autoridad o agente debe recomendarle un profesional concreto; únicamente debe informarte de tu derecho.

El abogado designado debe acudir con la máxima premura y, en todo caso, dentro de las tres horas siguientes a recibir el encargo, no desde la detención.

Antes de declarar puede entrevistarte reservadamente con su defensa y decidir, con su asesoramiento, si declara, guarda silencio o no responde a determinadas preguntas.

Puedes comunicar que no deseas mantener la acusación particular, pero la denuncia no se retira de forma que obligue a archivar el procedimiento. La Fiscalía y el juzgado pueden continuar si existen indicios o pruebas.

La posible dispensa de declarar debe revisarse caso por caso conforme al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sus excepciones.

No existe un plazo general de 72 horas desde la denuncia para celebrar el juicio rápido. El juzgado de guardia practica las diligencias urgentes y decide cómo continúa el procedimiento. Si abre juicio oral, la vista debe señalarse para la fecha más próxima posible y, en todo caso, dentro de los 15 días siguientes.

La orden de protección es una resolución judicial que puede acordarse cuando existen indicios de delito y una situación objetiva de riesgo. Puede incluir medidas penales y civiles, como prohibiciones de aproximación o comunicación, uso de la vivienda, guarda y custodia, visitas o alimentos. La audiencia debe celebrarse, como máximo, dentro de las 72 horas siguientes a la solicitud.

Incumplir una prohibición judicial de aproximación o comunicación puede constituir un delito de quebrantamiento. En los supuestos del artículo 468.2 del Código Penal, la pena prevista es de prisión de seis meses a un año. La consecuencia concreta depende de los hechos, la prueba y la resolución judicial; no implica automáticamente el ingreso inmediato en prisión.

En el procedimiento de juicio rápido, el juzgado de guardia debe señalar la vista oral para la fecha más próxima posible y, en todo caso, dentro de los 15 días siguientes. Fuera de ese procedimiento no existe un plazo único: depende del tipo de causa y de la carga de trabajo del órgano judicial.

Incumplir una prohibición judicial de aproximación o comunicación puede constituir un delito de quebrantamiento. En los supuestos del artículo 468.2 del Código Penal, la pena prevista es de prisión de seis meses a un año. La consecuencia concreta depende de los hechos, la prueba y la resolución judicial; no implica automáticamente el ingreso inmediato en prisión.

La atribución del uso de la vivienda no depende únicamente de quién figure como propietario o arrendatario. El juzgado valora las medidas de protección, las circunstancias familiares y, cuando hay menores, su interés superior. Debe revisarse la resolución concreta antes de actuar.

En la Ley se contempla el derecho a una escolarización inmediata si como consecuencia de ser víctima de violencia de género se tiene que cambiar de domicilio.

Sí, solicitando que se oculten tus datos en el Padrón municipal.

Puede solicitarse acompañamiento policial o una autorización judicial para recoger los efectos personales, especialmente cuando existe una orden de alejamiento o una situación de riesgo. No debe acudirse al domicilio ni contactar con la otra parte incumpliendo una resolución judicial.

No existe una respuesta única: depende del derecho de uso de la vivienda, de las medidas judiciales vigentes y de las circunstancias del caso. Si existe una orden de protección o un conflicto sobre el domicilio, conviene solicitar asesoramiento y, en caso de riesgo, contactar con la policía antes de cambiar la cerradura.

Marcharse del domicilio no constituye por sí solo un delito de abandono de hogar. No obstante, puede tener consecuencias prácticas en las medidas familiares, la vivienda o la atención de los menores, por lo que conviene documentar la situación y solicitar asesoramiento cuanto antes.

La guarda y custodia la decide el juzgado atendiendo al interés superior de los menores y a las circunstancias acreditadas. Ninguno de los progenitores puede decidir unilateralmente el resultado ni impedir el contacto al margen de las medidas judiciales vigentes.

Si has salido de casa y no has podido llevarte contigo a tus hijos e hijas, solicita al Juzgado una orden de protección. Así se determinará de forma inmediata la guarda y custodia de los menores, el uso y disfrute de la vivienda, pensión de alimentos y el régimen de visitas.

No obstante, debes presentar lo antes posible la demanda de separación o medidas previas en el Juzgado de Primera Instancia o de Familia de tu domicilio. También sería aconsejable que presentaras denuncia, indicando los malos tratos sufridos, como anteriormente se ha descrito.

Cuando solicites la orden de protección, a través de tu Abogado/a pide que se incluya la necesidad de ayuda social y/o económica, o solicita ayuda a los Servicios Sociales de tu municipio, de modo que esto nunca pueda ser motivo para regresar con el agresor. Ponte en contacto inmediatamente con el Centro Mujer 24 Horas más próximo y llama al teléfono 900 58 08 88.

Puede solicitarse que las visitas se desarrollen en un Punto de Encuentro Familiar u otro sistema de entrega y recogida que evite el contacto directo entre los progenitores. La medida debe ser acordada por el juzgado conforme al interés superior de los menores y a las circunstancias del caso.

La posibilidad de acogerse a la dispensa de declarar contra la pareja o expareja debe analizarse caso por caso conforme al artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sus excepciones. Aunque no declares, la Fiscalía y el juzgado pueden continuar si existen otras pruebas.